El caso Volkswagen y otros más (por ejemplo el del HSBC, implicado en un fraude fiscal masivo, mientras se situaba como primera empresa en el FTSE4Good del Reino Unido y cuarta en FTSE4Good Europe en 2014) demuestran que la Responsabilidad Social Empresarial tiene que dejar de ser voluntaria porque se ha convertido en una Retórica Sistemáticamente Embustera. El caso de Volskwagen es paradigmático y ya han surgido voces en Reino Unido (The Telegraph) que proponen suprimir los 19 mil millones que anualmente se gastan las grandes compañías en RSC para que los dediquen a pagar mejores salarios a sus trabajadores y a reducir los precios de sus productos.

Entre los grandes consultores internacionales especializados en el tema cunde el pánico porque ya se empieza a hablar de que la RSC ha muerto. Todo esto no es nuevo porque los críticos de la RSC consideran que la pretensión de esta estrategia de integrar la dimensión ética en la empresa (tal y como propone Naciones Unidas) es imposible, porque en el ADN de estas organizaciones psicópatas (incapaces de comportarse de acuerdo a las normas sociales y aceptan la violación de los estándares éticos sin ningún tipo de remordimiento) está la lógica de que los medios (aumentar el valor y dividendo de las acciones) se subordinan a los fines. El movimiento de la muerte de la RSC es, así, un realineamiento de las empresas con esta triste verdad.

Pero no se trata de enterrar una buena idea que surgió de la demanda de la sociedad en la década de 1960 para frenar el poder de las grandes corporaciones, sino justamente de hacerla operativa. En la UE todas las directivas comunitarias han seguido insistiendo en el carácter voluntario, cuando es evidente que hay fallo de mercado y que las empresas se aprovechan de la no regulación de lo que dicen que hacen para hacer lo contrario de lo que dicen. Como mínimo debería exigírseles el cumplimiento de la ley (incluyendo sus obligaciones fiscales) y luego ya vendrá toda esa retórica del valor compartido (el caso reciente de Nestlé en India, denunciada este verano por transgredir la legislación sanitaria por exceso de plomo, es también bastante representativo de esta crisis total de la RSC). La hipótesis de la psicopatía corporativa se cumple una y otra vez. Es necesaria una mayor intervención del Estado.

Sin duda, las grandes empresas se benefician de una serie de bienes comunes que proporcionan los gobiernos a través de los impuestos que paga toda la sociedad, así que, solo por esto, deberían devolver una parte o compartir el valor con aquella. Y esto no se puede concretar en un acto voluntario que se comunica en una memoria (de sostenibilidad) sin un control público. Por ahí debería empezar la legislación. El gobierno tiene que vigilar el cumplimiento de lo que denomino el tercer mandamiento de la RSC: cumplirás tu palabra haciendo aquello a lo que voluntariamente te has comprometido. Y, claro, también el cumplimiento del primero (no publicitarás como RSE lo que legalmente tienes que cumplir) y del segundo (no mentirás en vano diciendo que eres responsable si no cumples primero tus obligaciones legales).

Hay que empezar a cerrar la brecha abismal entre la teoría y la práctica de la RSC si no se la quiere dejar morir. Estamos cansados de contar a los estudiantes que la RSC ahora se postula como estratégica (formando parte del núcleo duro de la gestión o siendo transversal a varios departamentos) e incluso sistémica (intentando ser parte de la solución a los problemas del desarrollo sostenible global). Pero en la práctica se reduce a un departamento de relaciones públicas, que realiza acciones simbólicas con el fin de eludir regulaciones vinculantes (RSC defensiva) o paliar externalidades negativas (RSC caritativa). La RSC se convierte, de esta manera, en un compromiso ceremonial y una hipocresía organizada que cuando llega la crisis es el primer departamento de las grandes empresas que ve recortado sus fondos. Ello evidencia que la inversión en RSC no es sustantiva sino instrumental: es un medio para mejorar reputación o ganar legitimidad. El problema es que, como dijo Warren Buffet, se necesitan 20 años para construir una buena reputación y cinco minutos para arruinarla.

Lo que sigue es la intervención de Rafael Domínguez para recoger las conclusiones del V Seminario de Cooperación Internacional y Desarrollo: Financiamiento del desarrollo y gobernanza de los ODS, celebrado en el Centro de Formación de la Cooperación Españala de Cartagena de Indias (Colombia), los días 13 y 14 de agosto.

El éxito de los ODS como agenda comprehensiva y universal va a depender críticamente de los recursos de financiación y mecanismos de implementación para alcanzar las metas. En este sentido, la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA) supone un enfoque de financiación amplio para un “nuevo pacto social global”, y reconoce la necesidades de financiación de los países post-conflicto (lo que concierne especialmente a Colombia) y de los missing middle (la mayoría de países de América Latina) donde la caída de la AOD está siendo más rápida que el crecimiento de los ingresos domésticos.

Sin embargo, la AAAA no ha adoptado un acuerdo concreto basado en las responsabilidades comunes pero diferenciadas para llenar la brecha de financiación del nuevo pacto social global. El único compromiso de la UE de alcanzar el 0,7% de su PNB destinado a AOD esta vez para 2030 resulta poco creíble y la oposición de los países de la OCDE a crear un Comité Fiscal de NNUU para hacer efectiva la cooperación fiscal demuestra que hay poca voluntad política para financiar todos los retos que plantea la nueva agenda.

Ante la reluctancia de los países de la OCDE y de la mayoría de las potencias emergentes (escudadas en que la CSS es complementaria y no sustitutiva de la AOD) de poner más financiación pública para la nueva agenda, la apelación a llenar la brecha con financiación privada no deja de ser un saludo a la bandera.

Por su parte, los mecanismos innovadores de financiación (la tasa sobre emisiones de carbono y las tasas sobre transacciones monetarias y financieras) no tienen capacidad real de recaudación ante los bloqueos múltiples para su implementación y no tienen un carácter finalista.

Por tanto, la falta de compromisos firmes de financiación arrojan sombras sobre las necesidades insatisfechas para los más pobres y vulnerables, y la lucha contra las desigualdades horizontales, verticales e intergeneracionales (éstas últimas asociadas a las amenazas del cambio climático y el desborde de otros límites planetarios).

En particular, la nueva Alianza Global para el Desarrollo Sostenible verá muy limitada su operatividad para impulsar la agenda 2030 por la inconcreción de las metas referidas a financiación (incluyendo la reestructuración de la deuda y la cooperación fiscal), comercio, transferencia de tecnología y otras “cuestiones sistémicas” (migraciones y desigualdad del ODS10).

La agenda tiene un gran peligro de convertirse en vuelta al business as usual de la cooperación y olvidarse del desarrollo ante la evidente falta de voluntad política para movilizar recursos públicos adicionales y el previsible bloqueo para el cambio de las reglas asimétricas de juego de las relaciones internacionales por parte de los países desarrollados.

Para América Latina, el balance de la AAAA, también tiene una lectura escéptica. El énfasis que pone la agenda de financiación en la movilización de los recursos domésticos resulta problemático para una región que tiene bajas tasas de ahorro, máxime en un momento en el que el fin del boom de los commodities va a requerir ajustes en el gasto público, y en el que también están menguando los otros flujos de financiación externa.

En realidad, la agenda de los ODS no es políticamente relevante para América Latina, como se demuestra en el retraso de la región en fijar posiciones comunes, frente a otras como África Subsahariana, pese a los activismos nacionales concretos (entre ellos, el de Colombia en Río+20), o en el intento de crear una agenda regional propia 2020 por parte de CELAC que, por ahora, está por ver si se articulará o no a la agenda 2030 o acabará en una regionalización del desarrollo y la cooperación.

En todo caso, América Latina y el Caribe podría aportar lecciones de las experiencias nacionales de éxito y fracaso en políticas públicas de lucha contra la desigualdad, inseguridad, informalidad o insostenibilidad, en las que la región ha adquirido estos años credibilidad internacional, incluidos sus programas de CSS.  En este sentido, América Latina podría tomar un papel protagónico en programas de CNS vinculados al talento humano y la I+D+i o en determinadas políticas públicas en momentos de crisis financiera, entre otras.

Entre tanto, las posiciones de la región de cara a la Conferencia Política de Alto Nivel que aprobará definitivamente la agenda 2030 el próximo mes de septiembre, es claramente representativa de los limitantes de dicha agenda y de los problemas que comprometerán la consecución de sus metas y objetivos. Pero también avanzan cuáles podrían ser la soluciones para superar esos bloqueos.  

Ello se refiere al papel de los bancos nacionales de desarrollo, la reestructuración de la deuda, la CSS y triangular, y los necesarios cambios en las reglas del orden económico internacional para hacerlas menos asimétricas e injustas. Ante el previsible inmovilismo de estas últimas, la CELAC reclamó que los mecanismos innovadores y privados no supusieran cargas adicionales para los países de la región, que los financiaciones alternativas fueran adicionales y no sustitutivas (en especial, la financiación climática),  que los países desarrollados hagan honor a sus compromisos (en especial, el de destinar el 0,7% de su PNB a AOD), teniendo en cuanta las peculiaridades de los países de renta media.

Entre tanto, la región tiene una nueva ventana de financiación real a través de la banca pública de desarrollo de China y de los nuevos organismos financieros multilaterales que ha impulsado este país, y que van a precisar una reconsideración de la idea tradicional de que la CSS es complementaria y no sustitutiva de la AOD.

Pese a que la agenda 2030 demuestra que la cooperación es una política defensiva para prevenir los cambios en las reglas asimétricas del orden internacional y es una política asistencialista (no transformadora) para paliar los efectos de dichas instituciones asimétricas provocan, hay intersticios para que la academia (con su énfasis en la crítica de las políticas públicas y su contribución a la emancipación mental pensando fuera de la caja) y la sociedad civil (con su denuncia de las injusticias) exijan a los gobiernos el cumplimiento de las metas de reducción de pobreza, desigualdad, informalidad, desempleo o apoyen cambios en los modelos de producción y consumo insostenibles, que son comunes a países en desarrollo como Colombia o países desarrollados como España.

La agenda 2030, por tanto, proporciona un plus de legitimidad para la acción colectiva, que, esa sí, puede ser transformadora. Y a la vez, puede ser una arena de discusión entre los distintos actores (públicos y privados, gobierno, academia y sociedad civil) para establecer las prioridades a la hora de trasponer las metas y objetivos de la agenda a los planes nacionales, departamentales y municipales de desarrollo. Este sería el marco para que el principio de asociación (las alianzas para el desarrollo) pudiera generar proyectos y programas para el desarrollo sostenible territorial y local.

Finalmente, respecto a la gobernanza de la agenda 2030, los desafíos son formidables. Se trata de una agenda multi-escalar, pluritemática, multi-stakaholder, y de implementación, seguimiento y transparencia y rendición de cuentas. Por su carácter teóricamente universal, afecta tanto a países en desarrollo y países desarrollados, así que NNUU  es el foro natural para la gobernanza de la agenda, a través del despliegue de todo el sistema: con el Foro Político de Alto Nivel del ECOSOC (que da voz también a la sociedad civil) para la gobernanza a escala global, y el Task Force Inter-agencia para la gobernanza temática.

En particular, la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible tiene que asumir los procesos existentes para darle contenido a esta asociación heredera de la del ODM8 y supuestamente mejorada y revitalizada. Dichos procesos son los siguientes: i) los compromisos contenidos en la implementación de la agenda de los ODS; ii) los compromisos contenidos en la implementación de la agenda de financiación de Addis Abeba; iii) los compromisos contenidos en la implementación de la agenda de Río 1992 (agenda 21) y Río+20; iv) los compromisos contenidos en la agenda de eficacia de la cooperación (quedando la Alianza Global de Cooperación Eficaz para el Desarrollo como un mecanismo complementario articulado a la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible); y v) el proceso del Foro de Cooperación al Desarrollo del ECOSOC.

En todo caso, la experiencia previa del Comité de Derechos Humanos de NNUU plantea una gran incertidumbre sobre la capacidad de los países desarrollados (España por ejemplo) para acatar las recomendaciones de la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible en la que la participación es en términos de igualdad de condiciones. Ese es el principio de asociación al que apela la agenda, pero está por ver si los países desarrollados serán capaces de asimilarlo.

Lo que sigue es el texto de la intervención de Rafael Domínguez del 13 de julio de 2015 en el Curso de Verano Complutense, “La agenda de desarrollo post-2015: prioridades y recursos para un desarrollo incluyente y sostenible”.

El examen sobre la nueva agenda de los ODS (Naciones Unidas 2015) se puede hacer desde dos enfoques: pensando dentro de la caja o fuera de la caja del sistema de cooperación internacional para el desarrollo. Primero, pensemos por un momento fuera de la caja: partamos de la crítica radical de Oscar Wilde (1891) cuando se refería a las “virtudes filantrópicas”. Se trata, nos dice, de “remedios que forman parte integrante de la enfermedad”. Remedios que “intentan, por ejemplo, resolver el problema de la pobreza manteniendo vivos a los pobres”, cuando “la única finalidad justa debe ser la reconstrucción de la sociedad sobre unos cimientos tales que la pobreza resulte imposible”. Fin de la cita.

Y ahora, después de asumir que los ODS son parte integrante de la enfermedad, volvamos dentro de la caja para responder a las cuestiones que nos hace el director sobre los elementos de novedad y limitaciones de la nueva agenda, con un par de comentarios finales acerca de los desafíos para su implementación.

Elementos de novedad: la agenda es ambiciosa y global

La agenda de los ODS es muy ambiciosa porque incluye respecto a los ODM nuevos objetivos de desigualdad, crecimiento económico, trabajo decente, urbanización, industrialización, energía, cambio climático, producción y consumo sostenibles, paz, justicia e instituciones. Es decir, junto a la narrativa de pobreza, que dominaba la agenda de los ODM, ahora tenemos las narrativas de desigualdad y sostenibilidad (en su triple dimensión económica, social y ambiental). Frente al desarrollo sin desarrollo de los ODM ahora el Príncipe de Dinamarca ha vuelto al lado de Hamlet (Chang 2010): el desarrollo, además de humano, vuelve a ser crecimiento económico con cambio estructural (industrialización).

En 15 años se pretende haber hecho desaparecer la pobreza en todas sus formas y de todas partes; conseguido el pleno empleo pleno productivo, además de puestos de trabajo dignos para todos; acabado con el hambre y la malnutrición; alcanzado la cobertura sanitaria universal; erradicado el SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales antes ignoradas; ofrecido educación secundaria universal y acceso también universal a la educación superior; puesto fin a la discriminación por motivos de género y suprimido toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas; garantizado vivienda adecuada y asequible, agua, saneamiento, energía moderna fiable y acceso a las tecnologías de comunicación para todos; prevenido y reducido significativamente toda clase de contaminación marina, al mismo tiempo que evitada la extinción de especies; y eliminado todas las leyes, las políticas y las prácticas discriminatorias.

La nueva agenda de los ODS es global: para un solo mundo. Debe trasponerse, pues, tanto a los países en desarrollo como a los países desarrollados. Respecto a estos últimos ello supone una notable novedad, ya que compromete a los gobiernos de la OCDE en general y a los retrógrados de la UE en particular a la lucha contra la pobreza (que deberá ser reducida a la mitad para 2030 de acuerdo a las mediciones nacionales), a la lucha contra el hambre infantil (que deberá ser erradicado para 2030), a la lucha contra las muertes y enfermedades por contaminación (que deberán ser reducidas “sustancialmente” para 2030), a la lucha contra el paro y la precariedad (para 2030 se deberá conseguir pleno empleo y trabajo decente para todo el mundo y en especial para los colectivos de jóvenes, mujeres y discapacitados, reduciendo para 2020 de manera “sustancial” el porcentaje de ninis), a la lucha contra la desigualdad (se deberá conseguir para 2030 la llamada prosperida d compartida plus: que el 40% de los más pobres aumente su ingreso por encima de la media nacional), a la lucha contra los desahucios (para 2030 se deberá asegurar el acceso para todos a la vivienda) y a la lucha contra la corrupción y el soborno (que para 2030 se deberán haber reducido “sustancialmente”).

Muchas limitaciones y dos grandes desafíos

Hasta aquí las novedades, en cuanto a las limitaciones de las principales se derivan de las propias ambiciones, que contienen diversas trampas, y del carácter global de la nueva agenda.  La limitación de principio es que la nueva agenda no sale de la caja de las “virtudes filantrópicas” de la cita de Oscar Wilde con la que empecé. En los ODS están eliminadas todas las aristas que supongan cambios en las relaciones económicas internacionales (como se ve en los ODS10, en cuanto a las desigualdades internacionales, donde se carece de meta cuantificable y temporalización, y ODS 17, sobre coherencia de políticas, que replica el tono intencional y vago del viejo ODM8). Además, en los ODS se repiten errores del pasado y hay unas cuantas trampas que diluyen la aludida ambición de la nueva agenda.

La lucha contra la pobreza sigue dominada por la versión reduccionista de pobreza de ingreso (1,25$ al día), basada en el crecimiento económico desconectado de mecanismos de implementación correspondientes de reducción de desigualdad, pese a que el Banco Mundial  tiene datos muy concretos del premio de reducción de pobreza que supondría que el 40% más pobre creciera determinados puntos por encima de la media nacional (World Bank 2015): como en los ODM no habrá suspense, con unos pobres tan pobres (y escasos) la meta de reducción de pobreza para 2030 se conseguirá sin mayores esfuerzos. Esta línea internacional de pobreza de 1,25$ se considera que no cumple con el Enfoque Basado en Derechos de Naciones Unidas. Sobre este punto se pueden hacer tres consideraciones.

Primera: de acuerdo a los cálculos del Índice de Pobreza Multidimensional, hay 1,6 mil millones de pobres, fracción que equivale a la población mundial que vive por debajo de 2,5$ al día, umbral que debería ser la línea internacional de pobreza mínima a tomar como referencia en la nueva agenda. Segunda: teniendo en cuenta que la media del ingreso global es de 30$ al día, ningún país desarrollado aceptaría un estándar de pobreza para sus ciudadanos de menos de 10$ al día (con ese cálculo habría más de 5 mil millones de pobres), y para los países en desarrollo un estándar realista sería de entre 5$ y 2,5$ al día. Y tercera: si se toma en cuenta la esperanza de vida como indicador sintético del bienestar y sus determinantes (salud, educación, nutrición, además del ingreso), dado que la esperanza de vida aumenta con el nivel de consumo pero hasta un determinado punto en que mayor consumo añade cada vez menos ganancias a la esperanza de vida, se podría tomar ese turning point (entre 65 y 70 años) como umbral mínimo de nivel de vida (la denominada línea ética de pobreza), lo que nos daría un rango de ingreso para individuos entre 10$ y 15$ al día (esta última es la línea de pobreza oficial de EEUU), y para países de entre 15$ y 25$ al día (o como mínimo 4-5$ al día, que es el punto de inflexión del país más eficiente en ese sentido: Vietnam).

En cuanto a la desigualdad, y empezando por la desigualdad horizontal, aparentemente la nueva agenda incluye las demandas feministas para un enfoque más coherente sobre género y desarrollo en su nuevo ODS5, pero ninguna de las seis metas y tres mecanismos de implementación contiene concreción temporal (de hecho este es el único ODS, junto con los del Enfoque Basado en Derechos y el de coherencia de políticas, en que ocurre esta omisión), lo que da idea de la baja prioridad real de este objetivo. Respecto a las desigualdades verticales (ODS10), las ambiciones para la reducción de la desigualdad dentro de los países se vacían de contenido a través de la operacionalización del concepto de prosperidad compartida, en vez de otras posibles metas ligadas a coeficientes de Gini y sobre todo Palma, o ratios salariales entre remuneraciones de ejecutivos y salario medio; y con relación a las desigualdades entre países se echa en falta cuantificación y temporalización de la meta de reducción de desigualdad internacional que podría haberse concretado en acortamiento de brechas de convergencia entre países en desarrollo y desarrollados.

De las dos dimensiones del desarrollo humano, la que a mi juicio presenta más limitaciones es la de salud (ODS3). Aunque se recoge la vieja reivindicación de la cobertura sanitaria universal, la meta 8, siguiendo a la OMS, asume el entendimiento de la cobertura sanitaria universal como un proceso de aumento de los fondos de cobertura, de la población cubierta y de los servicios prestados, de acuerdo al principio de realización progresiva (de ahí la ausencia de referencia temporal). Por tanto, se confunde la cobertura con el acceso universal (en términos físicos y financieros), lo que deja una puerta abierta a la exclusión sanitaria y a la privatización de los servicios. Esto también vale para el adjetivo “asequible”, que se aplica al acceso a los niveles educativos secundario y superior.

En cuanto a la narrativa de la sostenibilidad, cuatro ODS (12 al 15) tratan de integrar las dos visiones de sostenibilidad (modalidades de consumo y producción sostenibles, lucha contra el cambio climático, conservación y utilización sostenible de los recursos marinos y ecosistemas terrestres para frenar la pérdida de biodiversidad biológica), con metas temporalizadas, pero no se ha considerado el tema de los límites planetarios al crecimiento, que mereció ya la canonización por Science en febrero pasado (Steffen et al. 2015). Por tanto, el desarrollo sostenible sigue dominado por la noción blanda de sostenibilidad (desacoplamiento), asociada al llamado crecimiento verde (el nuevo negocio de transferencia de tecnología de los países desarrollados a los países en desarrollo), que está presente, sin contar el ODS13, en diversas metas de 11 de los 17 ODS.

Por su parte, el intento de integrar el enfoque basado en Derechos Humanos del ODS16 sigue evidenciando baja prioridad ante la falta de referente temporal de las metas asociadas y la definición puramente intencional de las mismas. Y esto último vale para las metas de coherencia de políticas (asociación mundial para el desarrollo sostenible: ODS17), sin considerar de manera más comprometida y precisa la relación de las migraciones y el desarrollo (metas 8.8 y 10.7), la participación de los PED en las instituciones de gobernanza mundial (meta 16.8), o la responsabilidad de las multinacionales en la inseguridad alimentaria (ODS2) y los daños ambientales y sociales ocasionados por las industrias extractivas (ODS15).

Justamente, este problema de coherencia de políticas es uno de los dos mayores desafíos de la agenda. Me pregunto si los países del CAD, en especial los de la UE, van a seguir con su insoportable cháchara sobre la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la corrupción y las violaciones de los Derechos Humanos, dando lecciones al mundo, cuando en sus relaciones entre ellos y cuando las medidas internas de varios de ellos multiplican esos problemas, como vemos en el caso de España, y cuando son incapaces de repartirse 40.000 refugiados entre más de 500 millones de europeos. El otro desafío, y con esto termino, es si los países del CAD asumirán consecuentemente el carácter global de la nueva agenda y aceptarán las reprimendas internacionales por no cumplir con las metas de lucha contra la pobreza, el hambre infantil, las muertes y enfermedades ocasionadas por la contaminación, el combate contra el paro, la precariedad, la desigualdad, los desahucios y la corrupción y el soborno, o simplemente actuarán como si estuviéramos en 2000, sin darse cuenta de que en el mundo de 2015 los antiguos países pobres se han vuelto, como los pobres de los que hablaba Wilde en el ensayo que citaba al principio, “ingratos, descontentadizos, rebeldes, ingobernables”. Wilde añadió: “Y hay que reconocer que están es su perfecto derecho. Comprenden que la caridad es un medio ridículamente inadecuado de restitución parcial… ¿Por qué iban a agradecer las migajas que caen de la mesa del rico? Lo justo sería que ellos se sentasen también en esa mesa; y empiezan ya a saberlo”.

Chang, H.J. (2010): “Hamlet without the Prince of Denmark: How development has   disappeared from today’s «development» discourse”, en S. Khan & J. Christiansen (eds.), Towards New Developmentalism: Market as Means rather than Master. Routledge, Abingdon.
Naciones Unidas (2015): Transforming Our World: The 2030 Agenda for Global Action. Final draft of the outcome document for the UN Summit to adopt the Post-2015 Development Agenda, disponible aquí. Steffen, W. et al. (2015): “Planetary boundaries: Guiding human development on changing planet”, Science, 347(6223).
Wilde, O. ([1891] 1972): “El alma del hombre bajo el socialismo”, en Obras completas. Aguilar, Madrid.
World Bank (2015): A Mesured Approach on Ending Poverty and Boosting Shared Prosperity. Concepts, Data, and the Twin Goals. The World Bank Group, Washington.

El texto que sigue recoge parte de las consideraciones de Rafael Domínguez en el tribunal de la Tesis Doctoral de Laura Alcalde, ¿Es la corrupción un obstáculo al desarrollo y al crecimiento económico?, que, bajo la dirección de José María Larrú, fue defendida en la Universidad San Pablo CEU (Madrid) el 16 de abril de 2015.

Uno de los males mayores de la economía en la actualidad es dedicarse a confirmar una y otra vez marcos teóricos tautológicos, en este caso, el que establecen los organismos multilaterales sobre el tema de la corrupción. Pero el problema de este marco es que sus preguntas son muy parciales y sesgadas, y en gran parte son irrelevantes para abordar el problema real. Como señala Chang (“Institutions and economic development: theory, policy and history”, Journal of Insitutional Economics, 2011) muchas de las definiciones que manejan estos organismos son tan específicas (de EEUU y el Reino Unido) como tramposas: la corrupción siempre es cosa de los países en desarrollo. Pero tanto los índices de Transparencia Internacional como del Banco Mundial están hechos a partir de encuestas a expertos que comparten esta visión, que consideran la corrupción como una cuestión del sector público y que analizan la relación entre corrupción y desarrollo sin atender a la causalidad reversa. Si miramos la realidad cotidiana, sin necesidad de buscar lejos, vemos que aunque es probable que la densidad de la corrupción sea más elevada en los países en desarrollo, en los nuestros tenemos serios problemas de corrupción, que afectan a ex ministros del gobierno de la nación y a ex presidentes y consejeros de las comunidades autónomas, todo ello dentro de una estructura institucional europea presidida por el señor de las tax rules, que se llama Jean Claude Juncker.

Partiendo del supuesto de que la corrupción es omnipresente y, como dice la declaración final de Busan es “una plaga global que socava gravemente el desarrollo, desviando recursos que podrían aprovecharse para financiar el desarrollo”, hay que tener en cuenta también que la corrupción es un fenómeno muy heterogéneo y que no habita exclusivamente en los países en desarrollo. La corrupción no solo es la pequeña corrupción, sino la captura del Estado, que es básicamente lo que existe con nuestro sistema de financiación de partidos políticos, puertas giratorias y regulaciones en contra del interés público para defender el crony capitalism (capitalismo de los amigos). Por eso, muchas veces se aborda la corrupción como si fuera efectivamente un problema de los países en desarrollo (podríamos decir, la corrupción son los otros). En este punto, Eurostat tiene encuestas no a expertos, sino a la población de la UE28 y a la pregunta de cuán extendida cree usted que está la corrupción en su país, la respuesta “totalmente extendida” es del 76% para el promedio europeo, con cinco campeones que van desde el 95 al 99% y que en esa mala dirección son República Checa, España, Lituania, Italia y Grecia. Cuando se habla por ejemplo de los factores sociológicos y antropológicos de la corrupción y de que los funcionarios públicos están más inclinados a favorecer a sus familiares en aquellas sociedades en que los vínculos familiares o tribales son más fuertes, no hace falta mirar a El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Paraguay, solo basta ver las noticias sobre nuestro Tribunal de Cuentas, que es un prodigio de defensa de los valores familiares. O cuando se dice que los jueces son designados por el poder político en Colombia y Argentina, no hay que olvidar cómo se nombran los presidentes de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas o los miembros del Consejo general del poder judicial en nuestro país.

Los organismos multilaterales que truenan contra la corrupción tienen al frente a gente como Luis Alberto Moreno, actual presidente del BID, que cuando estuvo de director gerene del Banco del Pacífico en Colombia fue acusado de peculado y salvado in extremis por el gobierno de Pastrana nombrándole embajador en Washington. O que el PNUD pertenece al sistema que describe la famosa monografía de Eric Frattini (ONU. Historia de la corrupción, 2005), donde en 2010, la directora de la Oficina de Supervisión de Servicios Internos (OIOS), que se creó en 1994 para combatir la corrupción dentro de NNUU, la auditora sueca Inga-Britt Ahlenius dimitió acusando al Secretario General, Ban Ki Moon, de bloquear su labor.

Por su parte, la Convención de NNUU contra la corrupción (2003) dedica un artículo completo a la corrupción en y del sector privado (art. 12). Y es que la corrupción es cosa de dos, por eso tal proliferación de regulaciones internacionales sobre la corrupción en el sector privado: el Convenio de la OCDE contra el soborno internacional de 1997, que convierte el soborno empresarial en el extranjero en delito en el país de origen de la firma que realiza el soborno); la Ley Sabarnes-Oaxley en EEUU de 2002 contra la corrupción corporativa; o el Acuerdo anticorrupción de los Bancos Multilaterales y Regionales de Desarrollo de 2010, por el cual estas instituciones se reconocen mutuamente las decisiones de inhabilitar a empresas y personas que se hayan visto involucradas en irregularidades en proyectos de desarrollo financiados por ellos. El problema es que si la corrupción también proviene del sector privado, los índices que se utilizan para medirla se refieren a la definición restrictiva de la corrupción como asunto del sector público.

En cualquier caso, la prueba de fuego es verificar si la corrupción afecta al crecimiento y al desarrollo. La literatura especializada diferencia entre corrupción desarrollista, la que se basa en engrasar la burocracia (la que podemos encontrar en la OCDE y países como India, China, Nigeria o República Democrática del Congo, en los puestos 84, 100, 136 y 154 del Índice de Percepción de Corrupción de TI sobre 174 países, y que están entre los de mayor crecimiento del mundo en estos últimos años) y la degenerativa (que es un puro juego de suma cero o cleptocracia). Lo cual enlaza con los determinantes de la corrupción, donde es necesario tomar en consideración el tema clave de la desigualdad. La desigualdad, que hasta el FMI considera ahora negativa para el crecimiento, es el principal factor determinante de la gran corrupción, y no debería ser mezclada con la pequeña corrupción: hacer un regalo a una enfermera para que te atienda mejor no es lo mismo que la captura del Estado. En la medición de la desigualdad es necesario empezar a sustituir el índice de Gini, que es muy sensible a la distribución en los tres quintiles centrales, por el índice de Palma, que es el que mejor refleja la desigualdad (mide el cociente 10/40) un asunto que tiene que ver con la parte que toman los ricos del ingreso nacional. Utilizar como determinantes de la corrupción los bajos salarios de los funcionarios, policías, maestros y médicos expresa justamente el problema de la desigualdad, que se debe a que los ricos no pagan suficientes impuestos e influyen mediante lobby o mediante captura del Estado (gran corrupción) en las reglas tributarias para seguir pagando poco. Por eso, las recomendaciones de ampliar la base fiscal para combatir la corrupción serían de recibo si estuvieran acompañadas de otra recomendación para hacer efectiva la suficiencia financiera mediante una verdadera progresividad de la tributación. En ese aspecto, la elusión y evasión fiscal debería ser considerada, siguiendo a Oxfam (Iguales: acabemos con la desigualdad extrema, 2014), como la principal manifestación de la corrupción tanto en los países desarrollados como en desarrollo.

Asimismo, asumir que la agenda de descentralización es una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción parece a estas alturas bastante ingenuo: nuestra realidad inmediata pone de relieve que la descentralización lo que permite es desequilibrar aun más la balanza de poder entre el sector público y el privado, facilitando a este último la captura del regulador.

En definitiva, más que un obstáculo, la corrupción es un desacelerador del crecimiento, un lastre con el que hay que cargar en el proceso de desarrollo y soltar lo más deprisa posible. Más que generar desigualdades, la corrupción amplifica y reproduce las desigualdades existentes que son su causa principal. Y en ese sentido, la corrupción debería entenderse desde el punto de vista de la acción colectiva en el marco de las trampas de desigualdad y en los pactos sociales-fiscales que se necesitan urgentemente para escapar de las mismas.